Psicología del tirano
Por Marcos Aguinis Para LA NACION
Abordé este asunto en el programa Hora clave y recibí tantos pedidos para que lo escribiera, que cedo al reclamo. No dije nada original, porque ya lo había desarrollado en uno de mis libros. En él me baso de nuevo ahora.
Sostuve que existe un "romance secreto" con los tiranos, a quienes se llama, según las épocas, caudillos, dictadores, "mano dura", personalidad carismática o jefe autoritario. Por ejemplo, los caudillos, dueños de vidas y haciendas, eran adorados por su valentía, su crueldad, su viveza, su obstinación y hasta su generosidad caprichosa. Gobernaban como un rey, pero no como cualquier rey, sino como un tirano, según el clásico modelo que nos viene de la antigua Grecia.
Ricardo Moscone, mientras realizaba una prolija investigación para componer su exhaustiva biografía sobre Sócrates, revisó las frecuentes condenas a la tiranía que realizaban los autores de aquel tiempo. Advirtió que Sófocles quizás haya intitulado su tragedia inmortal con el nombre Edipo , a secas. Dijo que tal vez haya preferido Edipo tirano . No Edipo rey , porque la palabra "rey" sólo es pronunciada una vez, hacia el final. La palabra "tirano" es repetida siete veces.
Freud se inspiró en esa tragedia para identificar el conflicto nuclear de la neurosis, debido al incesto que Edipo comete con su madre y por haber asesinado a su padre. En la Europa victoriana, cuando el psicoanálisis realizaba sus primeros avances, era decisivo poner el acento en estos puntos. Pero quedaban en la sombra otros, de gran riqueza. El complejo de Edipo, centrado en esos dos aspectos, adquirió un enorme desarrollo teórico; no así, en cambio, otro elemento básico: la tiranía, que esa obra expone de un modo magistral.
El desarrollo del argumento se adelanta a la técnica de las novelas policiales, porque desde el comienzo presenta un enigma por resolver: la causa de la peste que asolaba a Tebas. La peste no eran ratas o piojos o culebras venenosas. La peste innominada, en realidad, eran la tiranía y sus manejos. Edipo es un tirano que reúne en su personalidad y conducta todas las lacras. Desconoce la jerarquía y dignidad del prójimo debido a su narcisismo. Tiene tanto odio que enajena antiguos vínculos y hasta lazos de sangre. No ama ni le alcanza lo mucho que ya tiene. Lo asaltan accesos de furia. Grita fuerte e insulta, grosero. Su cabeza está nublada por una incesante paranoia, que no le da reposo. Es incapaz de escuchar los buenos consejos cuando se oponen a sus deseos o puntos de vista y considera enemigos detestables a quienes los formulan. No soporta ninguna derrota. No admite errores. Su superyó es destructivo, por lo cual es impotente para comprender al otro que, si no se doblega, lo acusa de enemigo. Le hierve el anhelo de venganza contra quienes considera un obstáculo para sus ambiciones, aunque antes lo hayan servido como súbditos obedientes.
La obra también revela que una tiranía puede instalarse por decisión popular. Edipo es elegido por los ciudadanos de Tebas. En este aspecto, no podemos sino redoblar nuestra admiración por Sófocles, que hace 2500 años nos advertía que los tiranos pueden acceder al poder con aplausos y felicidad comunitaria. Hitler fue elegido. Chávez fue elegido. Eso no garantiza que una vez en el trono, mantengan la ley y merezcan ser alabados como demócratas. No alcanza la elección: es determinante cómo se procede después. Si después corrompen las instituciones, persiguen a los que piensan diferente, generan confrontaciones para justificar los desquites y realizan una apropiación indebida del patrimonio ajeno, la presunta democracia pasa a ser una tiranía.
El retumbante coro de la tragedia Edipo tirano exige conservar las leyes. Porque son las leyes lo primero que profana el tirano, esa singular peste de la sociedad. Después el coro señala que la intemperancia engendra a los tiranos y que, si llegan muy arriba, se despeñan, con dolorosas consecuencias para todos.
En Grecia, el vocablo tyrannos se aplicaba a dioses y hombres. Se refería al poder absoluto y arbitrario que no respetaba la ley, cuyas normas debían flotar por encima de ellos mismos. Es un tyrannos quien adopta medidas despóticas que incluyen la fuerza: castiga, destituye, descalifica, persigue, destierra y hasta mata. El tyrannos es violento. Es rencoroso. Prefiere permanecer ensimismado, encerrado, sólo accesible a los aduladores, para sostener su mundo ilusorio, autista. Ignora la piedad y el perdón, que considera signos de peligrosa debilidad o derrota. Jamás se pone en el lugar del prójimo, al que, en general, desprecia cuando no le sirve. Considera que merece que todo le pertenezca. Por eso se dedica a confiscar los bienes ajenos. Y no lo frena el pudor al mentir, en especial cuando asegura que ayuda a los pobres y débiles. Pero los pobres siguen siendo pobres, para constituir su ejército ciego, ignorante, que lo apoya para continuar atornillado en el poder. Dice que gobierna para todos, pero es mentira, porque margina sin clemencia a quienes no bajan la cabeza ante él ni doblan la rodilla. Le fallan las percepciones debido a la omnipotencia de su mente inmadura. Su soberbia requiere una reiterada convalidación por parte de los aduladores, que deben servirle halagos como si fuesen el pan de cada día. Es un negador tenaz de la realidad, a la que le impide que llegue a su retina. Por eso, Edipo termina arrancándose los ojos: ojos que se negaron a ver.
Es notable que, cuando ya había perdido su cetro y, pese a semejante debacle quería seguir mandando, su sucesor, el tirano Creonte, le reprochó: "No quieras mandar en todo, Edipo, cuando incluso aquello en que triunfaste no te ha dado provecho en la vida".
Según Plutarco, uno de los famosos sabios de Grecia, llamado Bías de Priene, cuando fue interrogado sobre los animales salvajes, contestó de esta forma: "De los animales salvajes, el más feroz es el tirano, y de los animales domésticos, el más peligroso es el adulador". Podemos agregar que ambos se complementan y nutren bebiéndose la misma sangre.
En la Argentina hemos disfrutado puestas escénicas inolvidables de la tragedia de Sófocles. El psicoanálisis ha cepillado hasta la raíz, ida y vuelta, el complejo de Edipo. No obstante, el tirano que los griegos clásicos nos aconsejaban mantener lejos, como un mal endémico, sigue vigente en el querer secreto de la sociedad. Por eso los elegimos, por eso no les ponemos límites o incluso negamos que tengan rasgos ominosos. No denunciamos con fuerza sus defectos, sus vicios y abusos, sino que tendemos a racionalizarlos, a menudo por miedo o intereses egoístas. Franjas importantes -por motivos espurios, a veces; por obnubilación emotiva, otras- tienden a seguir confiando en que cumplirán sus promesas de brindarnos un país mejor y superarán el retroceso que padecemos en casi todos los órdenes. Dicen que son ellos quienes combatirán el dragón que nos chupa la riqueza, nos hace trampas, nos devasta. Sus promesas son altisonantes y aseguran reivindicaciones, ecuanimidad, progreso; aseguran ser lo mejor de la historia. Pero el progreso se reduce a engordar sus propios bolsillos y los del círculo de amigos incondicionales (que tienen la etiqueta de ese animal doméstico y dañino llamado adulador).
Los tiranos, una vez encaramados, sobre el paño verde de la ruleta nacional, barren como un crupier todas las fichas al alcance de su rastrillo. Se ocupan, desde el alba de su gestión, en destruir los controles y los frenos que puedan bloquear sus propósitos. Algunos son más prudentes y disimulados; otros se envalentonan hasta la náusea. No consideran que la corrupción sea inmoral si lleva agua a su molino.
La corrupción, en sus manos, es una herramienta adicional para mantener puesta una soga en el cuello de los cómplices: así no hablan ni se sublevan. El tirano puede ser todo lo maligno que se quiera, pero no es tonto.
Sus efectos deletéreos no se limitan a la gestión, sino a la degenerada ejemplaridad que inyectan en sus familiares, seguidores y el resto de los habitantes. Eduardo Fidanza me recordó un pasaje del libro Masa y poder , de Elías Canetti, donde titila este caso impresionante: "Cuando en la corte de Uganda reía el rey, reían todos; cuando estornudaba, estornudaban todos; cuando tenía un enfriamiento, todos aseguraban tenerlo; si se cortaba el pelo, todos se hacían cortar el pelo". Pero esa ejemplaridad producía consecuencias graves, porque implicaba coacción: "Que él estornude significa: ¡estornudad! Que se caiga del caballo: ¡caed!" Todo apuntaba a reforzar su dominio. Sus gestos y expresiones debían ser celebrados con aplausos y también se debía alentar su repetición. "Pocos logran sustraerse de la obligación que emana de mil manos aplaudiendo", enfatiza Canetti.
El premio Nobel va más lejos aún, cuando indica que el ámbito donde sucede lo que ha descrito se llama corte. Por eso "hacer la corte" y "adular" son sinónimos. La corte está infectada de subordinación y servilismo. "Cortesano" es una persona obsequiosa con su superior, un vasallo. ¡Cómo abundan!
Y aquí cierro el artículo. Cualquier semejanza con nuestra realidad nacional no es pura coincidencia, sino que queda a criterio del lector.
25 agosto 2008
Los fundamentos de la limitación de la 125
Realmente el presidente y la presidente de Argentina no están bien. Los considerandos del decreto mediante el cual se limitó la vigencia de la Resolución 125 (la de las retenciones móviles) son insólitos.
Algo así como decir : "porque la medida que tomamos es fantástica, damos marcha atrás". En realidad es una patética muestra de la incapacidad de afrontar la realidad, cuando la misma los enfrenta crudamente con lo desacertado de sus ideas.
BUENOS AIRES 18 Julio de 2008
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que la igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional, para que exista equidad distributiva y también territorial, es un eje sobre el que el Gobierno Nacional esta dispuesto a insistir.
Que para poder dar solución a estos problemas, nuestro país tiene que procurar una mayor equidad económica de modo que ningún resultado podrá obtenerse sin que deba producirse una mejora en la distribución de los mayores ingresos a favor de los que menos tienen al interior de nuestra economía.
Que en orden a la doble repercusión local del crecimiento del precio internacional de los alimentos, que por un lado mejora el ingreso de quienes los producen en proporciones geométricas y, por el otro, amenaza con alejarlos de la posibilidad económica de adquirirlos a los sectores populares que han venido incrementando su participación en el consumo del mercado domestico, la situación presenta gran complejidad.
Que ante ello, con la clara finalidad de estabilizar los precios internos a niveles convenientes, mantener un volumen de oferta adecuada a las necesidades del mercado interno y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, se modi ficaron derechos de exportación vigentes para la soja, girasol, maíz y trigo y sus derivados.
Que en consecuencia se dispuso que dichos derechos fueran móviles, y se incrementaron para la soja y sus derivados y se disminuyeron para el trigo y maíz.
Que aquel uso legitimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones, fue pretexto para un violento lock out que inicio una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, en carecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que, sin perjuicio de haberse dictado en uso de facultades regladas, para mayor institucionalidad y ejercicio de la democracia, se postulo la ratificación de las medidas y la transformación del Programa de Redistribución en un fondo con Afectación Especial, por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que en la convicción de que nada es mejor para las institucionalidad que respetar mas a las instituciones, se pretendía que el propio PODER LEGISLATIVO tomo plena participación, discusión y decisión en un tema que valida y prácticamente –atendiendo a la realidad de las urgencias que siempre imponen las políticas económicas- había oportunamente y legítimamente delegado.
Que a nadie podía agredir que el Congreso de la Nación, a instancias del PODER EJECUTIVO, se pronunciara en una materia en donde la discusión de intereses había cobrado inusitada virulencia.
Que, sin embargo, todo indica que la resolución del tema por esa vía resulta imposible, dada la situación existente. Si bien la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, puede arribar a una expresión de esa voluntad, por mayoría absoluta, en la HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION, existió un empate que hizo necesario el desempate por parte del Señor Vicepresidente de la Nación.
Que si bien los diputados pudieron acordar un proyecto que logro una mayoría parlamentaria suficiente, en la Cámara de Senadores solo pudieron empatar en singulares condiciones y sin ningún consenso positivo, generándose una virtual imposibilidad de decisión oportuna del tema.
Que así, con una de las Cámaras a favor de la ratificación de la medida con mayoría absoluta y, la otra en virtud de aquel desempate, rechazando esa medida, no se ha podido resolver la cuestión, toda vez que deja el tramite inconcluso y al Congreso sin manifestación.
Que es este Poder ejecutivo entonces el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades, pues de otro modo ha sido imposible.
Que corresponde tomar las medidas que posibiliten destrabar la situación, instruyendo al señor Ministro de Economía y Producción para que limite la vigencia de las normas que instrumentaron las retenciones móviles así como las que se destinaron a compensaciones para que rijan retenciones iguales a las fijas que disponían las resoluciones 368 y 369 de ese Ministerio de fecha 7 de Noviembre de 2007 (conocidas como las del 35%), partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial.
Que la Republica Argentina, en víspera de su Bicentenario, enfrenta una gran oportunidad de crecimiento si toma las medidas adecuadas en medio de esta verdadera crisis provocada por el incremento de precios del petróleo y de los alimentos, impidiendo que ese crecimiento de los precios termine excluyendo a una mayoría de nuestra población.
Que mantener un adecuado nivel interno del precio de los hidrocarburos y de los productos que consume nuestro pueblo en lo económi co y sujetarnos a la regla central de la democracia que es, en diversidad y pluralidad, respetar la voluntad popular, traducida en respeto a las instituciones es sustancial. Preservar la calidad institucional, permitirá encontrar mecanismos para la composición de los diversos intereses que comprometan la Patria.
Que no debe haber interés que pueda estar por encima del interés de la Patria, no puede haber sector que imponga coactivamente al conjunto sus propios intereses de lucro.
Que manteniendo las co nvicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro país de un sistema de derechos de exportación variables o móviles con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.
Que forzoso es decirlo, el debate mostró un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias y sus lugares de residencia, de una manera que es preciso desterrar de los comportamientos sociales y públicos para que en verdad, exista cada vez mas institucionalidad y mas democracia.
Que en la manera en que esas agresiones físicas, amenazas y presiones de distinta naturaleza –algunas imperceptibles- limiten o determinen de algún modo las voluntades de quienes legítimamente tienen la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada nuestra democracia y el nivel de la calidad de nuestras instituciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del art. 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA.
Algo así como decir : "porque la medida que tomamos es fantástica, damos marcha atrás". En realidad es una patética muestra de la incapacidad de afrontar la realidad, cuando la misma los enfrenta crudamente con lo desacertado de sus ideas.
BUENOS AIRES 18 Julio de 2008
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que la igualdad de oportunidades en la totalidad del territorio nacional, para que exista equidad distributiva y también territorial, es un eje sobre el que el Gobierno Nacional esta dispuesto a insistir.
Que para poder dar solución a estos problemas, nuestro país tiene que procurar una mayor equidad económica de modo que ningún resultado podrá obtenerse sin que deba producirse una mejora en la distribución de los mayores ingresos a favor de los que menos tienen al interior de nuestra economía.
Que en orden a la doble repercusión local del crecimiento del precio internacional de los alimentos, que por un lado mejora el ingreso de quienes los producen en proporciones geométricas y, por el otro, amenaza con alejarlos de la posibilidad económica de adquirirlos a los sectores populares que han venido incrementando su participación en el consumo del mercado domestico, la situación presenta gran complejidad.
Que ante ello, con la clara finalidad de estabilizar los precios internos a niveles convenientes, mantener un volumen de oferta adecuada a las necesidades del mercado interno y asegurar un máximo posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional, se modi ficaron derechos de exportación vigentes para la soja, girasol, maíz y trigo y sus derivados.
Que en consecuencia se dispuso que dichos derechos fueran móviles, y se incrementaron para la soja y sus derivados y se disminuyeron para el trigo y maíz.
Que aquel uso legitimo de facultades constitucionales y legales ejercido por un gobierno constitucional electo en elecciones libres y sin proscripciones, fue pretexto para un violento lock out que inicio una escalada de cortes de rutas, desabastecimiento, en carecimiento de alimentos, coacciones, amenazas, agresiones verbales y físicas, y ha querido presentarse ante el pueblo de la Nación como una manera de menoscabar la participación del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que, sin perjuicio de haberse dictado en uso de facultades regladas, para mayor institucionalidad y ejercicio de la democracia, se postulo la ratificación de las medidas y la transformación del Programa de Redistribución en un fondo con Afectación Especial, por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que en la convicción de que nada es mejor para las institucionalidad que respetar mas a las instituciones, se pretendía que el propio PODER LEGISLATIVO tomo plena participación, discusión y decisión en un tema que valida y prácticamente –atendiendo a la realidad de las urgencias que siempre imponen las políticas económicas- había oportunamente y legítimamente delegado.
Que a nadie podía agredir que el Congreso de la Nación, a instancias del PODER EJECUTIVO, se pronunciara en una materia en donde la discusión de intereses había cobrado inusitada virulencia.
Que, sin embargo, todo indica que la resolución del tema por esa vía resulta imposible, dada la situación existente. Si bien la HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION, puede arribar a una expresión de esa voluntad, por mayoría absoluta, en la HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION, existió un empate que hizo necesario el desempate por parte del Señor Vicepresidente de la Nación.
Que si bien los diputados pudieron acordar un proyecto que logro una mayoría parlamentaria suficiente, en la Cámara de Senadores solo pudieron empatar en singulares condiciones y sin ningún consenso positivo, generándose una virtual imposibilidad de decisión oportuna del tema.
Que así, con una de las Cámaras a favor de la ratificación de la medida con mayoría absoluta y, la otra en virtud de aquel desempate, rechazando esa medida, no se ha podido resolver la cuestión, toda vez que deja el tramite inconcluso y al Congreso sin manifestación.
Que es este Poder ejecutivo entonces el que debe dirimir la cuestión, volviendo a ejercer sus facultades, pues de otro modo ha sido imposible.
Que corresponde tomar las medidas que posibiliten destrabar la situación, instruyendo al señor Ministro de Economía y Producción para que limite la vigencia de las normas que instrumentaron las retenciones móviles así como las que se destinaron a compensaciones para que rijan retenciones iguales a las fijas que disponían las resoluciones 368 y 369 de ese Ministerio de fecha 7 de Noviembre de 2007 (conocidas como las del 35%), partir de la fecha de su publicación en el boletín oficial.
Que la Republica Argentina, en víspera de su Bicentenario, enfrenta una gran oportunidad de crecimiento si toma las medidas adecuadas en medio de esta verdadera crisis provocada por el incremento de precios del petróleo y de los alimentos, impidiendo que ese crecimiento de los precios termine excluyendo a una mayoría de nuestra población.
Que mantener un adecuado nivel interno del precio de los hidrocarburos y de los productos que consume nuestro pueblo en lo económi co y sujetarnos a la regla central de la democracia que es, en diversidad y pluralidad, respetar la voluntad popular, traducida en respeto a las instituciones es sustancial. Preservar la calidad institucional, permitirá encontrar mecanismos para la composición de los diversos intereses que comprometan la Patria.
Que no debe haber interés que pueda estar por encima del interés de la Patria, no puede haber sector que imponga coactivamente al conjunto sus propios intereses de lucro.
Que manteniendo las co nvicciones respecto de la necesidad de la adopción por nuestro país de un sistema de derechos de exportación variables o móviles con miras a la protección del interés de los que menos tienen, ordenamos dejarlas sin efecto para que puedan discutirse en democracia y pluralidad pero con instituciones que estén exentas de presiones.
Que forzoso es decirlo, el debate mostró un ejercicio democrático al interior de las instituciones, pero en un marco de agresiones y presiones de todo tipo ejercidas sobre los legisladores y sus familias y sus lugares de residencia, de una manera que es preciso desterrar de los comportamientos sociales y públicos para que en verdad, exista cada vez mas institucionalidad y mas democracia.
Que en la manera en que esas agresiones físicas, amenazas y presiones de distinta naturaleza –algunas imperceptibles- limiten o determinen de algún modo las voluntades de quienes legítimamente tienen la tarea de decidir en nombre de todos los que los eligieron, estará condicionada y limitada nuestra democracia y el nivel de la calidad de nuestras instituciones.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del art. 99 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA.
Opinión de La Nación restatización de Aerolíneas
Las sorprendentes confesiones oficiales
Por Carlos Pagni Para LA NACION
Una pena que el trámite de la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas sea tan apresurado. La propuesta que envió Cristina Kirchner al Congreso demuestra, por la vía del absurdo, que el debate sobre la relación del Estado con las empresas privadas, sobre todo las prestadoras de servicios públicos, es cada vez más indispensable.
Basta con leer los fundamentos del texto que se discute en el Congreso. Una pieza que alcanzará la celebridad jurídico-literaria por lo excéntrica. Si no es que las confesiones de invierno que allí se vuelcan terminan complicando al secretario de Transportes en los tribunales. El mensaje de la Presidenta a las cámaras reconstruye la historia de Aerolíneas. Una vez agotada en siete fojas la canónica maldición sobre las privatizaciones, demuestra hasta el cansancio que el sector público es incapaz de hacer cumplir las normas a las empresas sometidas a su regulación. Moraleja que no cabía esperar de un proyecto de estatización.
El texto va de esa incongruencia a la autoincriminación. El Poder Ejecutivo afirma que, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el Estado -como agente de contralor y a la vez socio minoritario- rechazó los balances de la compañía por las irregularidades detectadas. Lo mismo sucedió, afirma, en 2004 y 2005. Es decir, durante tres años Marsans insistió en sus vicios sin que la gestión Kirchner pudiera evitarlo (siempre que en esos balances no aparezcan, como sospecha algún experto, sorprendentes fondos oficiales).
Al contrario, el gobierno actual admite que su antecesor -también con Jaime en Transportes-, "sin perjuicio de todas estas irregularidades", mantuvo las rutas a Aerolíneas y que "para garantizar la continuidad de la empresa y facilitar su acceso al crédito (atento a que en tres años vencían las rutas concesionadas) se le renovó la concesión para explotar servicios".
Como si lo anterior no se hubiera dicho, dos fojas más adelante, los fundamentos que remitió la Presidenta citan el Código Aeronáutico para recordar que no se pueden dar concesiones sin constatar previamente la capacidad técnica y económico-financiera del explotador.
A continuación, el proyecto de la señora de Kirchner consigna varios acuerdos con el grupo Marsans -en uno de ellos se amplió la participación del Estado- con la intención de corregir los incumplimientos. Ese propósito no se alcanzó, a pesar de lo cual el Gobierno confiesa haber desistido de las acciones judiciales que había iniciado por la incorrección de los estados contables de la empresa a lo largo de tres ejercicios.
También recuerda que en noviembre de 2007 el Estado intentó combatir los vicios ampliando su participación en la empresa al 20% del capital accionario. Pero reconoce que tampoco de ese modo alcanzó su objetivo.
Como si fuera una broma, el texto pasa a enumerar los innumerables controles que la autoridad aeronáutica debe ejercer sobre las compañías. Pasaron ya 5 años desde que Jaime está en el poder sin tomar esos recaudos.
Para finalizar con esta confesión autodestructiva, el Gobierno recuerda que está obligado por ley a verificar toda la estructura del negocio aerocomercial y, sobre todo, los estados contables de las empresas. Un poco antes había admitido que durante años a Aerolíneas no se le aprobaron los balances.
En síntesis: a lo largo de 25 fojas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la candorosa escolta de Sergio Massa, demuestra, en extraño consenso con la oposición, su fracaso de un lustro en el control sobre una empresa que llegó, según ese mismo relato, a una situación tan calamitosa que debe ser estatizada.
Este es el fallido lógico más relevante de toda la argumentación: ¿por qué se propone al Estado como operador de Aerolíneas si ni siquiera pudo controlarla?
El proyecto ofrece otras curiosidades. Una atañe a Massa. El artículo 8 establece que todos los organismos del Estado están autorizados a transferir recursos a Aerolíneas para garantizar sus prestaciones y "los gastos derivados de la compra" (se supone que esos recursos deberían asignarse a la entidad adquirente, no a la adquirida).
La enumeración de esos organismos es impensable, como aquella clasificación de los animales de la enciclopedia china imaginada por Borges. Massa y De Vido autorizan a derivar fondos y prestar asistencia financiera a esas compañías de aviación "a las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas del sector público nacional y al sistema financiero público y privado (sic)".
Esas transferencias, se establece, le serán "informadas" a la Jefatura de Gabinete para que, a su vez, las consigne en su memoria ante el Congreso.
La afirmación supone una reforma constitucional, ya que el jefe de Gabinete es el único habilitado para reasignar recursos. Es raro que Massa se resigne a que sólo le informen. Debería consultar a un abogado.
Más raro todavía es que el Gobierno quiera dar fuerza de ley a un procedimiento que ya puso en práctica con algún riesgo penal: De Vido y Jaime transfirieron a Aerolíneas más de 200 millones de pesos sin siquiera una autorización de Massa, cuando -más que eso- hacía falta una ley o un decreto de necesidad y urgencia.
Era previsible que con estas falencias jurídicas y políticas Cristina Kirchner consiguiera otro fracaso en el Congreso. Los diputados oficialistas rechazaron el corazón de su envío: el acta firmada por el Poder Ejecutivo y el grupo Marsans. Otra mala experiencia después de las retenciones móviles. Y un mal augurio: antes de fin de año, la Presidenta deberá conseguir que le aprueben la ampliación del presupuesto de 2008, el presupuesto de 2009 y la renovación de la ley del cheque y de la ley de emergencia económica, sobre la que se sostiene casi toda la arquitectura de la administración.
Por Carlos Pagni Para LA NACION
Una pena que el trámite de la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas sea tan apresurado. La propuesta que envió Cristina Kirchner al Congreso demuestra, por la vía del absurdo, que el debate sobre la relación del Estado con las empresas privadas, sobre todo las prestadoras de servicios públicos, es cada vez más indispensable.
Basta con leer los fundamentos del texto que se discute en el Congreso. Una pieza que alcanzará la celebridad jurídico-literaria por lo excéntrica. Si no es que las confesiones de invierno que allí se vuelcan terminan complicando al secretario de Transportes en los tribunales. El mensaje de la Presidenta a las cámaras reconstruye la historia de Aerolíneas. Una vez agotada en siete fojas la canónica maldición sobre las privatizaciones, demuestra hasta el cansancio que el sector público es incapaz de hacer cumplir las normas a las empresas sometidas a su regulación. Moraleja que no cabía esperar de un proyecto de estatización.
El texto va de esa incongruencia a la autoincriminación. El Poder Ejecutivo afirma que, a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, el Estado -como agente de contralor y a la vez socio minoritario- rechazó los balances de la compañía por las irregularidades detectadas. Lo mismo sucedió, afirma, en 2004 y 2005. Es decir, durante tres años Marsans insistió en sus vicios sin que la gestión Kirchner pudiera evitarlo (siempre que en esos balances no aparezcan, como sospecha algún experto, sorprendentes fondos oficiales).
Al contrario, el gobierno actual admite que su antecesor -también con Jaime en Transportes-, "sin perjuicio de todas estas irregularidades", mantuvo las rutas a Aerolíneas y que "para garantizar la continuidad de la empresa y facilitar su acceso al crédito (atento a que en tres años vencían las rutas concesionadas) se le renovó la concesión para explotar servicios".
Como si lo anterior no se hubiera dicho, dos fojas más adelante, los fundamentos que remitió la Presidenta citan el Código Aeronáutico para recordar que no se pueden dar concesiones sin constatar previamente la capacidad técnica y económico-financiera del explotador.
A continuación, el proyecto de la señora de Kirchner consigna varios acuerdos con el grupo Marsans -en uno de ellos se amplió la participación del Estado- con la intención de corregir los incumplimientos. Ese propósito no se alcanzó, a pesar de lo cual el Gobierno confiesa haber desistido de las acciones judiciales que había iniciado por la incorrección de los estados contables de la empresa a lo largo de tres ejercicios.
También recuerda que en noviembre de 2007 el Estado intentó combatir los vicios ampliando su participación en la empresa al 20% del capital accionario. Pero reconoce que tampoco de ese modo alcanzó su objetivo.
Como si fuera una broma, el texto pasa a enumerar los innumerables controles que la autoridad aeronáutica debe ejercer sobre las compañías. Pasaron ya 5 años desde que Jaime está en el poder sin tomar esos recaudos.
Para finalizar con esta confesión autodestructiva, el Gobierno recuerda que está obligado por ley a verificar toda la estructura del negocio aerocomercial y, sobre todo, los estados contables de las empresas. Un poco antes había admitido que durante años a Aerolíneas no se le aprobaron los balances.
En síntesis: a lo largo de 25 fojas, el ministro de Planificación, Julio De Vido, con la candorosa escolta de Sergio Massa, demuestra, en extraño consenso con la oposición, su fracaso de un lustro en el control sobre una empresa que llegó, según ese mismo relato, a una situación tan calamitosa que debe ser estatizada.
Este es el fallido lógico más relevante de toda la argumentación: ¿por qué se propone al Estado como operador de Aerolíneas si ni siquiera pudo controlarla?
El proyecto ofrece otras curiosidades. Una atañe a Massa. El artículo 8 establece que todos los organismos del Estado están autorizados a transferir recursos a Aerolíneas para garantizar sus prestaciones y "los gastos derivados de la compra" (se supone que esos recursos deberían asignarse a la entidad adquirente, no a la adquirida).
La enumeración de esos organismos es impensable, como aquella clasificación de los animales de la enciclopedia china imaginada por Borges. Massa y De Vido autorizan a derivar fondos y prestar asistencia financiera a esas compañías de aviación "a las jurisdicciones, entidades, fondos fiduciarios y empresas públicas del sector público nacional y al sistema financiero público y privado (sic)".
Esas transferencias, se establece, le serán "informadas" a la Jefatura de Gabinete para que, a su vez, las consigne en su memoria ante el Congreso.
La afirmación supone una reforma constitucional, ya que el jefe de Gabinete es el único habilitado para reasignar recursos. Es raro que Massa se resigne a que sólo le informen. Debería consultar a un abogado.
Más raro todavía es que el Gobierno quiera dar fuerza de ley a un procedimiento que ya puso en práctica con algún riesgo penal: De Vido y Jaime transfirieron a Aerolíneas más de 200 millones de pesos sin siquiera una autorización de Massa, cuando -más que eso- hacía falta una ley o un decreto de necesidad y urgencia.
Era previsible que con estas falencias jurídicas y políticas Cristina Kirchner consiguiera otro fracaso en el Congreso. Los diputados oficialistas rechazaron el corazón de su envío: el acta firmada por el Poder Ejecutivo y el grupo Marsans. Otra mala experiencia después de las retenciones móviles. Y un mal augurio: antes de fin de año, la Presidenta deberá conseguir que le aprueben la ampliación del presupuesto de 2008, el presupuesto de 2009 y la renovación de la ley del cheque y de la ley de emergencia económica, sobre la que se sostiene casi toda la arquitectura de la administración.
07 luglio 2008
Atrasamos 50 años
Fue la votación en diputados para ratificar la Resolución 125, la de las retenciones móviles. Gano el oficialismo, y parece que el presidente del PJ dijo: "Le ganamos a la oligarquía". En realidad, comprando votos de diputados que en lugar de votar por lo que sus electores quieren lo hacen por el favor que a cambio reciben, consiguió transferir recursos de los sectores mas dinámicos y eficientes de la economía del país al Estado, el que lo usa para comprar combustibles fósiles caros para venderlos barato. Un verdadero disparate. El modelo es sacar a los eficientes para darle a los ineficientes, consiste en no promover la eficiencia, por lo cual cada vez seremos menos eficientes, vale decir tendremos menos recursos, seremos mas pobres. Leo lo que escribo y parece de una obviedad absoluta. Me pregunto: ¿me estoy olvidando de algo?
30 aprile 2008
Publico privado
El sector mas eficiente de la economía transfiere recursos al estado. ¿Que hace el Estado con los 200 mil millones de pesos que recaudo durante el año 2008?, porque sobrar no sobra nada. Probablemente no lo sabremos nunca con claridad, pero si fuera facilmente observable no nos hariamos preguntas. ¿Salud Pública? Recientemente la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay fue internada por problemas de salud, uno se pregunta ¿ en un hospital público, que garantiza al pueblo salud?. Noooo!!!!! En una clínica privada, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento. De forma tal que un funcionario de primer nivel del estado argentino se hace atender en una clínica privada, ¿y el discurso setentista, los privados que buscan solo enriquecerse, la salud transformada en negocio? Todo un simbolo, a la hora de hablar son todos públicos, a la hora de elegir, eligen los privados. Cuando eligen para el pueblo lo mandan al hospital público, cuando eligen para ellos a la clínica privada.
Editirial del diario La Nación del 30/04/2008
http://www.lanacion.com.ar/opinion/nota.asp?nota_id=1008529&origen=rankingLeidas
La situación de Luis Patti frente a la Cámara de Diputados es demostrativa de cómo pueden desconocerse abiertamente los más elementales principios sobre los cuales se cimienta nuestro Estado de Derecho.
En 2005, Patti fue elegido diputado nacional, encabezando una lista partidaria que obtuvo cerca de 400.000 votos. Cuando debió ser incorporado al Congreso, una mayoría parlamentaria, con el diputado Miguel Bonasso a la cabeza, decidió que ese procedimiento era inviable porque Patti carecía de idoneidad ética y que, si bien había sido votado por el pueblo, a los diputados les correspondía enmendar el error en que habían incurrido los votantes.
La acción de amparo promovida por el diputado arbitrariamente relegado fue acogida por la Cámara Nacional Electoral que, siguiendo la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia, revocó la determinación de los diputados. Consideró que Patti no estaba alcanzado por alguna de las incompatibilidades constitucionales para la asunción del cargo; que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo autorizaba a privar de sus derechos políticos a quien había sido condenado penalmente por sentencia definitiva y que el único órgano competente para juzgar la idoneidad ética de un candidato era el pueblo en los comicios.
Contra esa decisión se alzó la Cámara de Diputados, promoviendo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que por mayoría de votos dispuso recientemente su rechazo, confirmando la sentencia objetada. Frente a ese fallo, funcionarios del Poder Ejecutivo y varios diputados expresaron que la Cámara no estaba obligada a acatar lo que ordena la Justicia en su carácter de intérprete final de la Constitución y las leyes, sino que les bastaba con reunir una cantidad de votos suficientes para que los derechos de las minorías pasaran a ser una mera intención de deseos, una concesión graciosa que las mayorías otorgan sólo cuando lo desean.
¿Qué decir del principio de inocencia que ampara a Patti ante presuntos hechos delictivos que se le atribuyen? El ex presidente Néstor Kirchner y algunos de sus seguidores, sin ruborizarse, afirmaron que Patti incurrió en el delito de sospecha y que debe demostrar su inocencia. Conclusión que echa por la borda, una vez más, uno de los principios elementales de todo orden jurídico democrático, puesto que toda persona debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En la madrugada del jueves último los diputados resolvieron el desafuero de Patti sin antes incorporarlo a la Cámara, tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia, y además desconocieron el requisito del juicio público que, como condición para el desafuero, impone el artículo 70 de la Constitución. No hubo juicio público porque, al margen de no haber sido Patti incorporado a la Cámara, se le desconoció el derecho de defensa que impone la Ley Fundamental en el proceso.
De esta forma, la supuesta defensa de los derechos humanos esgrimida por ciertos sectores termina convirtiéndose en una herramienta de poder, usada a favor de los amigos, pero que nunca se les concederá a los enemigos. Por obra y gracia de una inexplicable metamorfosis, los derechos humanos son proclamados como un ser bifronte, con una cara liberal y garantista que protege a la mayoría de turno, y otra cara autoritaria y de corte autocrático, en la cual a los enemigos políticos no se les concede ni el derecho de defensa, ni la presunción de inocencia, ni la libertad durante el proceso, desoyéndose hasta la propia voz de la Corte Suprema de Justicia.
Cuesta creer que tales posiciones provengan de una sincera interpretación de nuestro régimen constitucional; más bien parecen, por su desprecio a los principios republicanos, el fruto de concepciones claramente autoritarias, donde lo único que importa es una agonal acumulación de poder, sin reparar en los medios.
Con evidente rusticidad intelectual, la sociedad es maniqueamente dividida entre amigos y enemigos, ubicándose en el primer grupo a quienes apoyan a quien ejerce el poder, y en el segundo, a quienes pecan por pensar distinto. Según esta lógica, impuesta desde el oficialismo, no hay intercambio de opiniones ni respeto por el disenso: quien no piensa como uno es un enemigo a derrotar y no un adversario con quien debemos debatir ideas.
La situación es grave respecto de la persona de Patti, pero lo es más grave aún por sus eventuales proyecciones.
Afirmar la vigencia de los derechos humanos supone, necesariamente, reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Y proclamar la democracia nos obliga a aceptar el disenso y la tolerancia para convivir con todos aquellos que puedan pensar de una manera distinta.
La situación de Luis Patti frente a la Cámara de Diputados es demostrativa de cómo pueden desconocerse abiertamente los más elementales principios sobre los cuales se cimienta nuestro Estado de Derecho.
En 2005, Patti fue elegido diputado nacional, encabezando una lista partidaria que obtuvo cerca de 400.000 votos. Cuando debió ser incorporado al Congreso, una mayoría parlamentaria, con el diputado Miguel Bonasso a la cabeza, decidió que ese procedimiento era inviable porque Patti carecía de idoneidad ética y que, si bien había sido votado por el pueblo, a los diputados les correspondía enmendar el error en que habían incurrido los votantes.
La acción de amparo promovida por el diputado arbitrariamente relegado fue acogida por la Cámara Nacional Electoral que, siguiendo la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia, revocó la determinación de los diputados. Consideró que Patti no estaba alcanzado por alguna de las incompatibilidades constitucionales para la asunción del cargo; que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sólo autorizaba a privar de sus derechos políticos a quien había sido condenado penalmente por sentencia definitiva y que el único órgano competente para juzgar la idoneidad ética de un candidato era el pueblo en los comicios.
Contra esa decisión se alzó la Cámara de Diputados, promoviendo un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, que por mayoría de votos dispuso recientemente su rechazo, confirmando la sentencia objetada. Frente a ese fallo, funcionarios del Poder Ejecutivo y varios diputados expresaron que la Cámara no estaba obligada a acatar lo que ordena la Justicia en su carácter de intérprete final de la Constitución y las leyes, sino que les bastaba con reunir una cantidad de votos suficientes para que los derechos de las minorías pasaran a ser una mera intención de deseos, una concesión graciosa que las mayorías otorgan sólo cuando lo desean.
¿Qué decir del principio de inocencia que ampara a Patti ante presuntos hechos delictivos que se le atribuyen? El ex presidente Néstor Kirchner y algunos de sus seguidores, sin ruborizarse, afirmaron que Patti incurrió en el delito de sospecha y que debe demostrar su inocencia. Conclusión que echa por la borda, una vez más, uno de los principios elementales de todo orden jurídico democrático, puesto que toda persona debe presumirse inocente hasta que se demuestre lo contrario.
En la madrugada del jueves último los diputados resolvieron el desafuero de Patti sin antes incorporarlo a la Cámara, tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia, y además desconocieron el requisito del juicio público que, como condición para el desafuero, impone el artículo 70 de la Constitución. No hubo juicio público porque, al margen de no haber sido Patti incorporado a la Cámara, se le desconoció el derecho de defensa que impone la Ley Fundamental en el proceso.
De esta forma, la supuesta defensa de los derechos humanos esgrimida por ciertos sectores termina convirtiéndose en una herramienta de poder, usada a favor de los amigos, pero que nunca se les concederá a los enemigos. Por obra y gracia de una inexplicable metamorfosis, los derechos humanos son proclamados como un ser bifronte, con una cara liberal y garantista que protege a la mayoría de turno, y otra cara autoritaria y de corte autocrático, en la cual a los enemigos políticos no se les concede ni el derecho de defensa, ni la presunción de inocencia, ni la libertad durante el proceso, desoyéndose hasta la propia voz de la Corte Suprema de Justicia.
Cuesta creer que tales posiciones provengan de una sincera interpretación de nuestro régimen constitucional; más bien parecen, por su desprecio a los principios republicanos, el fruto de concepciones claramente autoritarias, donde lo único que importa es una agonal acumulación de poder, sin reparar en los medios.
Con evidente rusticidad intelectual, la sociedad es maniqueamente dividida entre amigos y enemigos, ubicándose en el primer grupo a quienes apoyan a quien ejerce el poder, y en el segundo, a quienes pecan por pensar distinto. Según esta lógica, impuesta desde el oficialismo, no hay intercambio de opiniones ni respeto por el disenso: quien no piensa como uno es un enemigo a derrotar y no un adversario con quien debemos debatir ideas.
La situación es grave respecto de la persona de Patti, pero lo es más grave aún por sus eventuales proyecciones.
Afirmar la vigencia de los derechos humanos supone, necesariamente, reconocer que todas las personas son iguales ante la ley. Y proclamar la democracia nos obliga a aceptar el disenso y la tolerancia para convivir con todos aquellos que puedan pensar de una manera distinta.
Iscriviti a:
Post (Atom)